Fraude Electrónico

Fraude Electrónico

Fraude Electrónico

¿Qué es fraude electrónico?

Fraude electrónico es fraude financiero que envuelve el uso de telecomunicaciones (por ejemplo: el internet, líneas telefónicas, radio o televisión)

¿Qué tiene que probar el procurador en un caso de fraude electrónico?

Para probar fraude electrónico el procurador tiene que probar fuera de toda duda razonable que:

  1. El acusado a sabiendas concibió o participó en un ardid para defraudar, o para obtener dinero o propiedad por medio de pretextos, declaraciones o promesas falsos;
  2. Los pretextos, declaraciones y promesas falsos se trataron de un hecho material;
  3. El acusado actuó con a intención de defraudar; y
  4. El acusado transmitió o causó que se transmitiera por medios electrónicos, radio o televisión alguna comunicación de comercio interestatal para ayudar a realizar el ardid para defraudar.

¿Cuáles son las penalidades de fraude electrónico?

La pena máxima para fraude electrónico es de 20 años de presidio. Si el fraude electrónico afecta una institución financiera, o fue con relación a o en conexión con un desastre o urgencia mayor declarada por el presidente, la pena máxima es de 30 años de presidio.

Si el fraude electrónico involucró el telemercadeo, o victimizó a diez personas o más de 55 años o más, o se enfocó en personas mayores de 55 años, la pena será incrementada.

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El abogado David C. Hardy fue procurador y ahora representa a personas en asuntos relacionados a delitos federales.

El abogado David C. Hardy está certificado por el Colegio de Abogados de la Florida y el Colegio Nacional de Abogados Defensores Procesales como perito en derecho procesal penal. En los tribunales federales, él ha manejado una amplia variedad de casos incluyendo extradiciones internacionales, narcotráfico, fraude bancario, fraude del sistema a de salud, delitos de inmigración, hurto de identidad, delito organizado, el etiquetado indebido de medicamentos y delitos involucrando armas de fuego. Él ha representado a clientes en juicios federales y tribunales de apelación en la Florida, Texas y Georgia.

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